Las protestas del gremio del taxi de Bruselas y París provocan legislaciones contra el sistema de transporte público por internet. La comisaria Kroes carga contra el "proteccionismo"
La justicia belga ha declarado la guerra a Uber. Un tribunal de Bruselas prohibió ayer que esta aplicación, que permite desde finales de febrero localizar el coche más cercano para ofrecer servicio de transporte, opere en la capital de Bélgica.
El veto judicial viene precedido por importantes críticas del colectivo de taxis de Bruselas y ha desatado las iras de la responsable comunitaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, que se ha mostrado “indignada” por la decisión del tribunal de imponer multas de hasta 10.000 euros por cada intento de recogida de clientes. Uber, que opera en 80 ciudades de 34 países y ha desembarcado esta misma semana en Barcelona —su primera aventura española—, aún no ha emitido ninguna respuesta pública.
Desde su creación en 2009, esta aplicación —una suerte de Airbnb del transporte urbano— ha irritado a la práctica totalidad de gremios de taxistas de las ciudades donde funciona. El motivo: ofrecen un servicio más barato, de mejor calidad, y sin licencias.
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